* En la etapa de registro de candidaturas del próximo proceso electoral, no podrán registrarse personas que se encuentren bajo los supuestos de haber sido sancionadas por violencia familiar, sexual o ser deudora alimentaria morosa.
Durante la firma de un convenio entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y el Poder Judicial del Estado, cuyo objetivo es sumar esfuerzos para verificar el cumplimiento de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, la presidenta provisional de órgano electoral, María Magdalena Vila Domínguez, destacó la importancia de dicho instrumento, ya que de cara al Proceso Electoral Local Ordinario 2024, establece acciones específicas que permitirán a la sociedad chiapaneca, reconocer en sus candidatas y candidatos a personas íntegras, fuera de toda hipótesis de violencia, sobre todo la que flagela la vida de mujeres y niñas.
El acto realizado en las instalaciones del Poder Judicial contó con la presencia del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Guillermo Ramos Pérez; de la diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; de Olaf Gómez Hernández, Fiscal General del Estado; de Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado; de Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Chiapas y de las consejeras y el consejero electorales del IEPC.
En uso de la palabra, Vila Domínguez subrayó las buenas prácticas que en esta materia ha tenido el IEPC, ya que en el año 2021 fue el único Organismo Público Local Electoral que además del compromiso que hizo adquirir a las y los candidatos, llevó a cabo acciones efectivas para la verificación de que ninguna persona candidata se encontrara bajo los supuestos de haber sido sancionada por violencia familiar, sexual o ser deudora alimentaria morosa.
En esa oportunidad, explicó, el órgano jurisdiccional revisó más de 12 mil candidaturas y proporcionó toda la información necesaria para que el IEPC estuviera en condiciones de aprobar o no su registro.
El convenio firmado establece las bases de colaboración, coordinación y apoyo institucional que garanticen el intercambio de información oportuna para materializar lo establecido en los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 23 de la Constitución del Estado de Chiapas, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público cuando una persona se encuentre en alguna de estas condiciones: estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; tener una sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa suspensión; tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Dicha información, explicó la consejera presidenta provisional del IEPC, resulta importante en la etapa de registro de candidaturas del próximo proceso electoral, pues de encontrarse en cualquiera de esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular.
Cabe destacar que la reforma 3 de 3 contra la violencia prevé también la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual será público y concentrará información sobre deudores y acreedores de estas obligaciones, y su consulta será requisito para realizar trámites relacionados con compra y venta de inmuebles, obtener documentos de identidad como pasaporte o licencias de conducir, contraer matrimonio, postularse a cargos de elección popular, o aspirar a ser Jueces Locales y Federales.
Con la firma de este convenio, las Consejeras y el Consejero Electorales del IEPC refrendaron su compromiso de organizar elecciones libres y confiables, pero también paritarias, incluyentes y libres de violencia.
