*Determinación apegada a la Constitución Federal y leyes generale
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el que ratificó la determinación de los montos y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro ante el órgano electoral chiapaneco.
En sesión ordinaria del pleno del Consejo, a donde asistieron los representantes de los partidos políticos, Morena, PRD, PAN, Verde Ecologista de México, PRI, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, se concretó lo mandatado por el decreto 128 del Congreso del Estado por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio mandata que el máximo órgano de dirección del IEPC en un plazo de 60 días modifique su acuerdo original sobre el financiamiento público de los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado.
Tras estudiar minuciosamente el tema, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este caso, no se acreditó jurídicamente.
La Consejera Laura León Carballo, sostuvo claramente que “esta autoridad local está impedida por la Ley General de Partidos Políticos para realizar modificaciones a la fórmula establecida en la ley, atendiendo a la jerarquía normativa, ya que el código comicial está jerárquicamente por debajo de dicha ley y de la constitución local”.
Por su parte el Consejero Alex Walter Díaz García, refirió que “el proyecto de acuerdo garantiza las prerrogativas que por derecho constitucional tienen los partidos políticos y está plasmado en la ley, hacer lo contrario significaría en mi calidad de consejero violentar la ley y caer en una responsabilidad directa.”
Entre tanto, la Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez precisó que acompaña el proyecto de acuerdo “porque es lo legalmente correcto, caso contrario estaríamos vulnerando los derechos de los partidos políticos para su financiamiento público; aunque con este acuerdo estamos ratificando un acuerdo ya aprobado, y no modificando como lo señala el decreto; estamos cumpliendo con lo mandatado y de manera oportuna.”
La Consejera Blanca Estela Parra Chávez, subrayó que la ley general de partidos políticos obliga a cumplir con lo que ella establece, por lo que “no solamente apruebo esta iniciativa, sino que la avalo en cada una de sus partes porque estoy segura y convencida que el imperio de la ley puede y debe salvarnos de cometer actos fuera de ello, sino damos certeza dentro de este marco regulatorio”.
El consejero Manuel Jiménez Dorantes, quien además preside la Comisión de Asociaciones Políticas que elaboro el proyecto de Acuerdo, pidió en su intervención la importancia de incluir en el mismo la solicitud de una reunión con el titular del poder ejecutivo del estado para plantear las ampliaciones presupuestales que permitan garantizar el cumplimiento cabal de la entrega de las prerrogativas de los partidos.
En su participación, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, comentó, que “con el proyecto que se pone a consideración del Consejo no se pone en juego la voluntad o no de los consejeros y consejeras de atender las demandas ciudadanas de ajustar el monto de recursos que reciben los partidos, sino que se trata de un tema de estricta legalidad en donde el Consejo no tiene más alternativa que aplicar lo mandatado en la Ley General".
No obstante, reconoció la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político en el país, pues el sistema de partidos ya no es el mismo al de hace 20 años cuando se generó y cuando se demandaban montos cuantiosos para garantizar un mínimo de competitividad electoral, pero ello requerirá que se reforme la La ley general en la Cámara federal.
De igual forma, durante la sesión se dio cuenta de la aprobación del Decálogo para la igualdad sustantiva y No discriminación en el IEPC y se avaló el acuerdo por el cual se aprueban las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal del gasto para este organismo electoral local durante el ejercicio 2017.
También, en dicha sesión, se dieron a conocer las diversas consultas realizadas por otros organismos locales electorales a la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE, donde ésta dio contestación y que sirven como parámetros de actuación para los institutos electorales estatales.